Paco Gómez Nadal, diario La Prensa, sección opinión
O algunos funcionarios del Gobierno son unos ignorantes o piensan que el resto somos brutos. O las dos cosas al mismo tiempo. Leo las declaraciones de Ricardo Quijano, el viceministro sin árboles, quien asegura que explotar Cerro Colorado para vaciarlo de cobre, en plena Comarca Ngäbe Buglé, no supone un problema ambiental porque está “pelao”.
Es casi un insulto que este cargo trate, primero, de dibujar a los ambientalistas como un coro de histéricos que se oponen a todo y que mienten sobre los daños de la minería y, después, de limitar el potencial daño minero a la tala de árboles, cuando el efecto más perdurable de cualquier proyecto de este tipo es la contaminación de las fuentes de agua y la alteración del hábitat.
Esta misma semana se ha conocido un estudio del Observatorio Ambiental de América Latina que indica que de los 337 proyectos que hay en la región, 139 están en conflicto de intereses con las comunidades. Panamá figura en la lista y lo hace a pesar de los esfuerzos de nuestros Gobiernos por favorecer a las empresas y de las millonarias inversiones en publicidad y en coimas que invierten los empresarios mineros en el país.
El caso más dramático, por su dimensión y sus secuelas, es el de Petaquilla: una bomba de tiempo que va a regar cianuro en pleno Corredor Biológico Mesoamericano en un proyecto que no tendrá más de 10 años de vida útil, que dejará trabajos mal remunerados y de baja cualificación durante ese periodo, pero que, según los científicos, puede dejar los ríos contaminados y el ecosistema gravemente afectado por los próximos 40, 50 ó 60 años.
Desde que comenzó el polémico proyecto Petaquilla hasta ahora se han dado amenazas, quema de casas de campesinos que se oponían a la mina, publicidad engañosa, descalificación de todo aquel que haga preguntas incómodas… Recuerda al viejo Oeste o las colonizaciones de las que algún día fuimos víctima.
Ahora, eso sí, con algo más de habilidad, la minera saca al aire cientos de cuñas en las que se muestra como si fuera un nuevo Estado: hace centros de salud, escuelas, etcétera (algo que a pesar de haber ido a Coclecito y alrededores no he visto), como una bananera más que se encarga de “sacar de la miseria” a unas comunidades que no eran miserables.
Ahora le toca a Cerro Colorado, pero con la bendición del Gobierno antes siquiera de abrir el primer hueco en la tierra. La lucha de las comunidades contra estas multinacionales que se llevan los recursos más valiosos a cambio de migajas es desigual. Ciertas organizaciones de la capital –en especial el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)– están apoyando a la gente que viven cerca de estos proyectos y a la última campaña impulsada por CIAM (“Contaminas”) se han sumado cantantes, actores y comunicadores de renombre. A cambio, reciben los insultos sistemáticos de los supuestos “mineros” que compran minutos de radio y televisión a supuestos “periodistas” que se venden al mejor postor.
El papel del Gobierno y de la Asamblea Nacional en este tema es vergonzoso. En el primer caso, porque el Ejecutivo –este y el anterior– firma una costosa hipoteca para la salud y el ambiente de los panameños y las panameñas. Ahora, la papa la maneja el MICI y los “administradores” porque la Anam ha desaparecido del mapa, ¡y nos quejábamos de la anterior administración! Cuando las empresas multinacionales mineras se vayan, nos quedará un problema ambiental grave por décadas. Según el Centro de Política Mineral de Estados Unidos, en ese país existen unas 500 mil minas abandonadas, lo que supone un gasto al gobierno de entre 32 y 72 billones de dólares para remediar la contaminación.
